Alejandro Moreno Cárdena, alito, no construyó su fortuna en solitario, como ocurre en los grandes casos de corrupción de cuello blanco. Detrás de su nombre operó una red diseñada para no ser vista, un entramado de familiares y colaboradores que prestaron su identidad para ocultar dinero, simular operaciones inmobiliarias y blindar un patrimonio imposible de justificar por la vía legal.
Lejos de intermediarios anónimos o figuras marginales, esta estructura se sostuvo en su círculo más íntimo y de confianza absoluta. Su madre, su hermano, su mejor amigo y su operador político con mayor poder dentro del aparato gubernamental. Todos ellos aparecieron como propietarios legales de casas, terrenos y empresas. Firmaron escrituras públicas ante notarios y recibieron activos valuados en millones de pesos.
Mientras de cara a la autoridad y a la opinión pública, se sostenía que todo era producto de ahorros familiares y actividades lícitas. Esta investigación documenta como ese núcleo familiar y político permitió a Alejandro Moreno acumular decenas de propiedades sin que su nombre figurara en los registros oficiales. Convertir el parentesco en un escudo frente a la justicia.
y transformar el poder público en un negocio privado. El resultado fue la construcción de uno de los fraudes patrimoniales más relevantes en la historia reciente de Campeche. Una trama en la que el apellido funcionó como blindaje, la lealtad personal como garantía de impunidad y la política como una empresa doméstica que hasta hoy ha evitado que cualquiera de sus integrantes enfrente la cárcel.
El epicentro de esta historia se sitúa en una de las zonas residenciales más exclusivas del estado, el complejo Lomas del Castillo, un enclave asociado al poder, al lujo y a la élite política y económica de Campeche, donde la discreción y la plusvalía funcionan como símbolos de estatus. Desde ahí, bajo una imagen cuidadosamente construida de estabilidad política, éxito profesional y ascenso institucional, Alejandro Moreno proyectaba ante la opinión pública la idea de un patrimonio sólido, presuntamente edificado, de manera
legítima y progresiva. Sin embargo, detrás de los muros de su mansión, valuada en aproximadamente 128 millones de pesos, la narrativa comenzaba a fracturarse. Mientras su carrera política avanzaba, también lo hacía un esquema de enriquecimiento que crecía al mismo ritmo, de forma paralela y silenciosa.
No se trataba únicamente de una propiedad emblemática, sino de un entorno inmediato que de manera constante empezó a reflejar una acumulación acelerada de bienes inmuebles, registrada en nombres cercanos, pero vinculados al mismo núcleo de poder. Durante el periodo en que Alejandro Moreno transitó de la senaduría a la gubernatura, los registros públicos comenzaron a mostrar un patrón que resultaba imposible de ignorar.
propiedades que aparecían de forma sucesiva, operaciones inmobiliarias que se multiplicaban y un volumen patrimonial que aumentaba sin una correspondencia clara con los ingresos oficialmente declarados ante la autoridad fiscal. La distancia entre la imagen pública de legalidad y los datos que emergían de los registros se hacía cada vez más evidente, marcando el punto de partida de una investigación que pondría bajo la lupa no solo una residencia de lujo, sino todo un esquema de acumulación patrimonial.
Ese crecimiento patrimonial no fue el resultado de esfuerzos individuales, decisiones fortuitas ni oportunidades aisladas surgidas al azar. Todo apunta a que respondió a un mecanismo reiterado y cuidadosamente estructurado, diseñado para operar de manera constante a lo largo del tiempo. El uso sistemático detesta ferros o presta nombres como método de ocultamiento patrimonial.
El objetivo de este esquema era, claro, registrar de forma directa decenas de propiedades a nombre de Alejandro Moreno Cárdenas. habría encendido alertas fiscales y judiciales inmediatas, generando cuestionamiento sobre el origen de los recursos y la congruencia entre ingresos declarados y patrimonio acumulado.
Para evitar ese escenario, el político habría recurrido a su círculo más íntimo, personas con las que mantenía vínculos de sangre, confianza y lealtad absoluta. familiares directos y colaboradores cercanos aceptaron figurar legalmente como propietarios firmando escrituras públicas y documentos notariales que daban sustento formal a operaciones inmobiliarias presentadas como actos jurídicos ordinarios.
En el papel, todo parecía ajustarse a la legalidad. En la práctica, esas firmas y registros habrían servido para otorgar una apariencia de legitimidad a recursos cuyo origen real no podía ser explicado de manera clara ni sustentado con ingresos verificables. Sí, el mecanismo funcionó como una capa de protección adicional, una barrera diseñada para diluir responsabilidades, fragmentar la propiedad y mantener el nombre del beneficiario final fuera de losregistros oficiales.
Un sistema que, más que ocultar bienes de manera aislada, permitió sostener en el tiempo una acumulación patrimonial que difícilmente habría pasado inadvertida de haber sido registrada de forma directa. El caso más representativo de este esquema es el de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre del político. A sus años y sin antecedentes de un historial laboral formal, sin actividad empresarial conocida y sin herencias documentadas que expliquen ingresos extraordinarios, su nombre comenzó a figurar de manera recurrente como propietaria legal de al
menos ocho inmuebles ubicados en zonas de alta plusvalía del estado. Se trata de propiedades cuyo valor por sí mismo contrasta de forma directa con el perfil económico que públicamente se le conocía. Los registros muestran que estas adquisiciones se concentraron entre 2008 y 2015, un periodo que coincide de manera precisa con el ascenso político de su hijo y con su consolidación en cargos de alto nivel.
Durante esos años, mientras Alejandro Moreno avanzaba en su trayectoria pública, el patrimonio registrado a nombre de su madre crecía de manera constante, silenciosa y sostenida, sin que existiera una explicación clara sobre el origen de los recursos utilizados para concretar dichas compras.
En particular, las propiedades localizadas en el complejo residencial Lomas del Castillo se convirtieron en un punto central de atención para los investigadores. De acuerdo con los peritajes realizados por la Fiscalía de Campeche, las operaciones mediante las cuales estos inmuebles fueron adquiridos presentan elementos que apuntan a posibles simulaciones jurídicas tanto en los valores declarados como en la estructura de las transacciones.
Sobre el papel, las compraventas figuraban como actos legales regulares sustentados en escrituras públicas y notariadas. Sin embargo, los valores de transacción reportados en estos documentos mostraban discrepancias considerables respecto a las evaluaciones catastrales y al valor comercial real de las propiedades en esas zonas.
De acuerdo con los peritajes, las diferencias entre los montos declarados ante las autoridades fiscales y los precios reales de mercado podían alcanzar hasta el 80% del valor estimado. Esta práctica señalada por los investigadores como un potencial mecanismo de evasión fiscal y simulación documental permitía reducir artificialmente el costo oficial de las compraventas con el objetivo de minimizar el pago de impuestos y desvincular visiblemente las operaciones de los recursos reales utilizados para financiarlas. En otros términos, sobre
el papel todo parecía ajustarse a la legalidad, pero detrás de esas escrituras se ocultaba un esquema más sofisticado de ocultamiento patrimonial, diseñado para que las cifras oficiales no reflejaran el verdadero flujo de recursos que permitió la adquisición de esos bienes. Esto generaba un doble efecto.
Por un lado, dificultaba el rastreo del origen del dinero. Por otro lado, protegía a los involucrados frente a posibles auditorías fiscales o investigaciones patrimoniales, pues los montos declarados resultaban técnicamente proporcionales a los perfiles económicos de las personas que figuraban como compradoras. La revisión de los movimientos bancarios detectó patrones de transferencias irregulares, tanto en su periodicidad como en el origen de los recursos.
Depósitos en efectivo sin justificación clara. transferencias desde cuentas de empresas sin actividad operativa comprobable y movimientos que se efectuaban en plazos cortos sin que existiera relación comercial o laboral entre las partes involucradas. Esto constituye lo que los investigadores identifican como una señal de alerta típica de esquemas de lavado de activos o simulación financiera.
Uno de los elementos más reveladores fue la identificación de empresas sin actividad económica verificable, es decir, compañías registradas formalmente ante las autoridades, pero sin empleados, sin domicilio fiscal activo, sin instalaciones físicas operativas y sin ingresos reportados al fisco. Estas entidades aparecían como parte de las cadenas transaccionales vinculadas con las propiedades adquiridas a nombre de familiares y colaboradores de Alejandro Moreno, actuando en ocasiones como intermediarios, como compradores formales o como destinatarias de
recursos que luego eran redireccionados a otros actores dentro de la misma red. Este tipo de estructuras empresariales, sin vida económica real, constituyen una herramienta clásica en esquemas de ocultamiento patrimonial, pues permiten diluir el rastro del dinero, generar una apariencia de legalidad a través de operaciones comerciales simuladas y mantener a distancia el nombre de los beneficiarios finales de los recursos en cuestión.
Al identificar este entramado de empresas, los investigadores fortalecieron la hipótesis de que la red no operaba de manera improvisada ni ocasional, sino de forma coordinada,sostenida en el tiempo y con un objetivo definido, acumular y resguardar un patrimonio sin exponerlo al escrutinio directo de las autoridades. Además de la madre, Claudio Alberto Moreno Cárdenas, hermano de Alejandro Moreno, aparece como una pieza importante en el entramado.
Su perfil económico conocido no presentaba actividad empresarial de gran envergadura, ingresos declarados sobresalientes, ni historial de inversiones significativas, lo cual hacía difícil justificar desde un punto de vista estrictamente técnico la adquisición de múltiples propiedades registradas a su nombre. Sin embargo, los registros públicos y los expedientes de la investigación revelaron que su nombre figuraba en la titularidad de varios inmuebles de alto valor comercial.
En el contexto del caso, este hecho no se trató de forma aislada. Formó parte del patrón identificado por la fiscalía, un uso sistemático de personas cercanas a Alejandro Moreno como propietarios formales de bienes que supuestamente no debían de aparecer bajo su nombre. Así, Claudio Alberto habría funcionado como un prestanombre estratégico, alguien que aceptó figurar legalmente como titular de propiedades, facilitando de ese modo que el patrimonio se dispersara en apariencia, pero que en realidad permaneciera bajo el control o beneficio del núcleo
central de poder. La estrategia fue efectiva precisamente por el vínculo familiar. La confianza implícita que supone un hermano reduce significativamente el riesgo de que la propiedad sea utilizada en contra del beneficiario real. Sin embargo, ese blindaje familiar es precisamente lo que convirtió el caso en un ejemplo paradigmático de cómo los vínculos de sangre pueden ser instrumentalizados con fines de ocultamiento patrimonial.
Lejos de proteger a la familia del escrutinio, este mecanismo expuso a Claudio Alberto como un engranaje directo dentro de un entramado de corrupción señalado por la fiscalía como estructurado, sistemático y sostenido en el tiempo. Su participación en el esquema no se limita a una transacción puntual, sino que abarca diversas operaciones que forman parte de un patrón de comportamiento diseñado para fragmentar la titularidad del patrimonio y dificultar su rastreo.
Esta dispersión no fue aleatoria, obedeció a una lógica operativa clara. Distribuir la propiedad formal entre varios integrantes de la red para evitar concentraciones patrimoniales visibles que pudieran generar alertas fiscales o judiciales y así mantener a resguardo el control real de esos bienes.
Al momento de los hechos investigados, Claudio Alberto Moreno Cárdenas no solo prestó su nombre, sino que también se benefició del esquema al quedar registrado como propietario legal de inmuebles, que según la fiscalía, forman parte de un patrimonio adquirido sin sustento económico verificable. Alin Guadalupe Moro Sánchez es identificado en el expediente como alguien cercano al entorno de Alejandro Moreno Cárdenas.
Los registros muestran que su nombre aparece vinculado a transacciones inmobiliarias cuestionadas dentro del caso y que presenta un patrón de comportamiento coherente con el uso de prestanombres. A pesar de carecer de un perfil económico que justificara la adquisición de propiedades de alto valor, su nombre figura en escrituras públicas de inmuebles que forman parte del esquema investigado.
Esto lo coloca dentro de esa categoría de intermediarios que, sin tener un rol público en el ámbito político, sí participaron en operaciones diseñadas para ocultar el origen de recursos y dispersar la titularidad patrimonial. Su participación refuerza la estructura del mecanismo. No solo familiares directos fueron utilizados para registrar bienes, también personas de total confianza vinculadas al círculo íntimo del político contribuyeron a generar una apariencia de múltiples propietarios independientes. De cara a la autoridad,
esta dispersión jurídica podría parecer normal. un conjunto de personas distintas adquiriendo bienes por separado. En la práctica, según los hallazgos de la investigación, estas transacciones estuvieron coordinadas, respondieron a un mismo esquema de financiamiento y persiguieron el mismo objetivo, mantener el patrimonio fuera del nombre del beneficiario final.
Alin Guadalupe Moro Sánchez como parte de esta red aceptó figurar como propietario legal, asumió responsabilidades formales ante notarios y quedó registrado en documentos oficiales como parte de una cadena de operaciones que vistas en conjunto apuntan a simulación jurídica y ocultamiento patrimonial.
Su cercanía personal con el círculo de alito le permitió operar con discreción y su bajo perfil público facilitó que durante años esas propiedades pasaran inadvertidas en el radar de las autoridades fiscales y judiciales. Dentro de esta estructura, ningún integrante jugó un papel tan técnico y estratégico como Claudio Cetina Gómez, funcionario que llegó aocupar el cargo de secretario de administración y finanzas en el gobierno de Campeche durante la gestión de Alejandro Moreno.
posición dentro del aparato gubernamental le otorgaba un acceso privilegiado a la administración financiera del Estado, las decisiones presupuestarias, las autorizaciones de trámites y los procedimientos que regulan el gasto público. En ese contexto institucional, Setina Gómez habría operado como un facilitador clave del esquema, un engranaje interno que permitió que las operaciones irregulares se ejecutaran con una apariencia de normalidad administrativa.
De acuerdo con las investigaciones, su función no se limitó únicamente a la supervisión de procesos gubernamentales regulares. habría intervenido de manera directa en la facilitación de trámites relacionados con propiedades, permisos y procesos que involucraban a los miembros de la red patrimonial.
No se trataba de un funcionario con acceso privilegiado, sino de un engranaje esencial que permitió que las operaciones se desarrollar desde dentro del gobierno con una apariencia de normalidad institucional que dificultó su detección durante años. Testimonios recabados por periodistas señalan que Claudio Cetina Gómez no operaba de manera improvisada ni aislada, sino que coordinaba listas previamente definidas de personas de absoluta confianza que podían ser utilizadas como prestanombres, individuos dispuestos a figurar legalmente como propietarios, socios o
representantes, aún cuando no ejercían control real sobre los bienes o las operaciones registradas a su nombre. De acuerdo con estas versiones, Setina Gómez también habría participado en la creación y utilización de empresas sin actividad económica verificable, sin empleados registrados y sin domicilios reales.
Estructuras jurídicas diseñadas exclusivamente para sostener operaciones vinculadas a la red. Estas compañías carentes de vida comercial auténtica tenían un único propósito, permitir el movimiento de recursos sin dejar un rastro claro que condujera directamente a los beneficiarios finales. Su existencia facilitaba la simulación de compraventas, la dispersión de pagos y la fragmentación de responsabilidades, generando una apariencia de legalidad administrativa que dificultaba la detección inmediata de irregularidades.
Para los investigadores, este tipo de estructuras resultan fundamentales en esquemas de ocultamiento patrimonial, precisamente porque diluyen la trazabilidad del dinero. La auditoría practicada la mansión valuada en 128 millones de pesos marcó un punto de quiebre en la narrativa pública que rodeaba el caso.
El inmueble convertido en símbolo visible del poder y el ascenso del entonces gobernador comenzó a ser analizado con mayor detalle por las autoridades. Fue entonces cuando se confirmó que el nombre de Alejandro Moreno no aparecía en el registro público de la propiedad. La propietaria legal era su madre. Este hallazgo, lejos de tratarse de una irregularidad aislada o de un hecho fortuito, encajó de manera precisa con el patrón que la investigación ya había identificado.
La ausencia del nombre del principal beneficiario en los registros oficiales no fue una excepción, sino la regla dentro de un esquema sistemático de ocultamiento patrimonial. De acuerdo con la fiscalía, este mecanismo permitió a la red acumular al menos 47 propiedades y concentrar operaciones financieras sospechosas que superan los 80 y 2 millones de pesos.
Cifras que al ser analizadas en conjunto refuerzan la hipótesis de una estructura diseñada no solo para adquirir bienes, sino para mantenerlos fuera del escrutinio directo de las autoridades durante años. Pese a la contundencia del material probatorio acumulado, escrituras con valores presuntamente manipulados, transferencias bancarias sin justificación clara y peritajes técnicos que documentan inconsistencias, el caso permanece estancado.
La investigación no se ha traducido en procesos judiciales concluyentes ni en responsabilidades penales efectivas. En su lugar, el expediente ha quedado atrapado en un laberinto legal que avanza lentamente, marcado por aplazamientos, suspensiones y resoluciones pendientes. De acuerdo con el curso que ha seguido el proceso, la red de implicados ha desplegado una estrategia de desgaste jurídico sostenida en la presentación constante de amparos, recursos de revisión y solicitudes de nulidad procesal.
Cada movimiento legal ha tenido como efecto inmediato retrasar las diligencias, fragmentar las investigaciones y diluir el impulso inicial del caso. No se trata de una defensa aislada, sino de una respuesta coordinada que ha logrado mantener el expediente en pausa prolongada. Procesar a todos los implicados supondría abrir una auténtica caja de Pandora.
Implicaría revisar el papel de notarios que validaron escrituras con valores cuestionados, de funcionarios que autorizaron trámites y permisos sin observaciones, deinstituciones financieras que procesaron transferencias sin activar alertas y de actores que por acción u omisión validaron o toleraron el funcionamiento del esquema.
Un paso de esa magnitud no solo tendría consecuencias jurídicas, sino también políticas e institucionales de amplio alcance. El mensaje que deja este caso resulta inquietante. La corrupción no solo puede ser rentable, sino también heredable. El parentesco se transforma en instrumento, la familia en prestanombre, la lealtad política en blindaje y el poder en garantía de impunidad.
No se trata únicamente de un entramado financiero, sino de una lógica de protección que se reproduce dentro del círculo cercano al poder. Hasta diciembre de 2025, ninguno de los integrantes de esta red ha rendido cuentas ante la justicia. Las pruebas existen, los documentos están integrados en los expedientes y los peritajes han sido elaborados.
Sin embargo, el sistema no ha logrado romper el cerco. El contraste entre la solidez de la evidencia y la ausencia de consecuencias legales sigue siendo uno de los elementos más reveladores del caso y también uno de los más incómodos para las instituciones encargadas de impartir justicia. La historia de los Moreno Cárdenas no es únicamente la de un político señalado por presuntos actos de corrupción.
Es sobre todo la crónica de cómo una familia y un círculo íntimo lograron convertir el ejercicio del poder público en un mecanismo de acumulación privada, utilizando la cercanía, el parentesco y la lealtad como herramientas para proteger intereses económicos que crecieron al amparo de la política. Es también el relato de un sistema en el que los operadores permanecen en libertad.
Los nombres de confianza continúan resguardando fortuna y los engranajes que hicieron posible el esquema siguen sin rendir cuentas. Mientras esas piezas clave no enfrenten consecuencias legales, la justicia en Campeche seguirá apareciendo como una promesa incumplida, lejana y selectiva, incapaz de romper el blindaje que rodea a quienes han sabido moverse dentro de las estructuras del poder.
Más allá de los expedientes y las cifras, el caso expone una dinámica profundamente arraigada, aquella en la que la corrupción se normaliza, se transmite y se protege dentro del ámbito familiar y político. Un modelo que no solo permite la acumulación ilícita, sino que perpetúa la impunidad como regla y no como excepción. En ese contexto, la corrupción deja de ser un hecho aislado para convertirse en un negocio familiar que se reproduce en la sombra.
sostenido por silencios, complicidades y una justicia que hasta ahora no ha logrado imponerse. Sí.
