Alejandro Moreno Cárdena, Alito, no construyó su fortuna en solitario. Como ocurre en los grandes casos de corrupción de cuello blanco, detrás de su nombre operó una red diseñada para no ser vista, un entramado de familiares y colaboradores que prestaron su identidad para ocultar dinero, simular operaciones inmobiliarias y blindar un patrimonio imposible de justificar por la vía legal. Lejos de intermediarios anónimos o figuras marginales, esta estructura se sostuvo en su círculo más íntimo y de confianza absoluta. Su madre, su hermano, su mejor amigo y su operador político con mayor poder dentro del aparato gubernamental.
Todos ellos aparecieron como propietarios legales de casas, terrenos y empresas, firmaron escrituras públicas ante notarios y recibieron activos valuados en millones de pesos. Mientras de cara a la autoridad y a la opinión pública se sostenía que todo era producto de ahorros familiares y actividades lícitas. Esta investigación documenta cómo ese núcleo familiar y político permitió a Alejandro Moreno acumular decenas de propiedades sin que su nombre figurara en los registros oficiales. Convertir el parentesco en un escudo frente a la justicia y transformar el poder público en un negocio privado.
El resultado fue la construcción de uno de los fraudes patrimoniales más relevantes en la historia reciente de Campeche. una trama en la que el apellido funcionó como blindaje, la lealtad personal como garantía de impunidad y la política como una empresa doméstica que hasta hoy ha evitado que cualquiera de sus integrantes enfrente la cárcel. El epicentro de esta historia se sitúa en una de las zonas residenciales más exclusivas del estado, el complejo Lomas del Castillo, un enclave asociado al poder, al lujo y a la élite política y económica de Campeche, donde la discreción y la plusvalía funcionan como símbolos de estatus.
Desde ahí, bajo una imagen cuidadosamente construida de estabilidad política, éxito profesional y ascenso institucional, Alejandro Moreno proyectaba ante la opinión pública la idea de un patrimonio sólido, presuntamente edificado, de manera legítima y progresiva. Sin embargo, detrás de los muros de su mansión, valuada en aproximadamente 128 millones de pesos, la narrativa comenzaba a fracturarse. Mientras su carrera política avanzaba, también lo hacía un esquema de enriquecimiento que crecía al mismo ritmo, de forma paralela y silenciosa. No se trataba únicamente de una propiedad emblemática, sino de un entorno inmediato que de manera constante empezó a reflejar una acumulación acelerada de bienes inmuebles, registrada en nombres cercanos, pero vinculados al mismo núcleo de poder.
Durante el periodo en que Alejandro Moreno transitó de la senaduría a la gubernatura, los registros públicos comenzaron a mostrar un patrón que resultaba imposible de ignorar. propiedades que aparecían de forma sucesiva, operaciones inmobiliarias que se multiplicaban y un volumen patrimonial que aumentaba sin una correspondencia clara con los ingresos oficialmente declarados ante la autoridad fiscal. La distancia entre la imagen pública de legalidad y los datos que emergían de los registros se hacía cada vez más evidente, marcando el punto de partida de una investigación que pondría bajo la lupa no solo una residencia de lujo, sino todo un esquema de acumulación patrimonial.
Ese crecimiento patrimonial no fue el resultado de esfuerzos individuales, decisiones fortuitas ni oportunidades aisladas surgidas al azar. Todo apunta a que respondió a un mecanismo reiterado y cuidadosamente estructurado, diseñado para operar de manera constante a lo largo del tiempo. El uso sistemático detesta ferros o presta nombres como método de ocultamiento patrimonial. El objetivo de este esquema era claro. Registrar de forma directa decenas de propiedades a nombre de Alejandro Moreno Cárdenas habría encendido alertas fiscales y judiciales inmediatas, generando cuestionamientos sobre el origen de los recursos y la congruencia entre ingresos declarados y patrimonio acumulado.
Para evitar ese escenario, el político habría recurrido a su círculo más íntimo, personas con las que mantenía vínculos de sangre, confianza y lealtad absoluta. Familiares directos y colaboradores cercanos aceptaron figurar legalmente como propietarios, firmando escrituras públicas y documentos notariales que daban sustento formal a operaciones inmobiliarias presentadas como actos jurídicos ordinarios. En el papel todo parecía ajustarse a la legalidad. En la práctica, esas firmas y registros habrían servido para otorgar una apariencia de legitimidad a recursos cuyo origen real no podía ser explicado de manera clara ni sustentado con ingresos verificables.
Sí, el mecanismo funcionó como una capa de protección adicional, una barrera diseñada para diluir responsabilidades, fragmentar la propiedad y mantener el nombre del beneficiario final fuera de los registros oficiales. Un sistema que, más que ocultar bienes de manera aislada, permitió sostener en el tiempo una acumulación patrimonial que difícilmente habría pasado inadvertida de haber sido registrada de forma directa. El caso más representativo de este esquema es el de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre del político. A sus años y sin antecedentes de un historial laboral formal, sin actividad empresarial conocida y sin herencias documentadas que expliquen ingresos
extraordinarios, su nombre comenzó a figurar de manera recurrente como propietaria legal de al menos ocho inmuebles ubicados en zonas de alta plusvalía del estado. Se trata de propiedades cuyo valor por sí mismo contrasta de forma directa con el perfil económico que públicamente se le conocía. Los registros muestran que estas adquisiciones se concentraron entre 2008 y 2015. Un periodo que coincide de manera precisa con el ascenso político de su hijo y con su consolidación en cargos de alto nivel.
Durante esos años, mientras Alejandro Moreno avanzaba en su trayectoria pública, el patrimonio registrado a nombre de su madre crecía de manera constante, silenciosa y sostenida, sin que existiera una explicación clara sobre el origen de los recursos utilizados para concretar dichas compras. En particular, las propiedades localizadas en el complejo residencial Lomas del Castillo se convirtieron en un punto central de atención para los investigadores. De acuerdo con los peritajes realizados por la Fiscalía de Campeche, las operaciones mediante las cuales estos inmuebles fueron adquiridos presentan elementos que apuntan a posibles simulaciones jurídicas, tanto en los valores declarados como en la estructura de las transacciones.
Sobre el papel, las compraventas parecían ajustarse a la legalidad. Sin embargo, al analizar los tiempos, los montos y los actores involucrados, emergieron inconsistencias que colocaron estas adquisiciones bajo un escrutinio más profundo. Sí, el nombre de Yolanda Cárdenas dejó de ser el de una figura ajena a la vida pública para convertirse en una pieza clave dentro de la investigación, no por una actividad económica propia, sino por su papel como titular legal de bienes que, de acuerdo con las indagatorias, formarían parte de un esquema más amplio de ocultamiento patrimonial.
En uno de los casos plenamente documentados dentro de la investigación, un terreno fue adquirido por un monto de 2 millones de pesos, pese a que su valor real de mercado superaba los 4,illones y medio. La diferencia no es menor. Se trata de una subvaluación cercana al 70%. Una brecha que difícilmente puede explicarse como un error administrativo o una simple discrepancia comercial. Para los investigadores, este tipo de operaciones encaja con patrones clásicos de simulación utilizados para distorsionar el valor real de los bienes y reducir artificialmente las cargas fiscales asociadas a la transacción.
El contexto de la compraventa refuerza la sospecha. El vendedor no era un tercero ajeno ni una empresa sin vínculos con el entorno político, sino una razón social relacionada con colaboradores cercanos de Alejandro Moreno Cárdenas. Esta relación permitió establecer un precio declarado que no correspondía con el mercado, facilitando así una operación en la que el dinero sí cambió de manos, pero bajo condiciones diseñadas para ocultar su verdadero flujo y minimizar cualquier rastro que pudiera despertar alertas fiscales o financieras.
Cuando la fiscalía intentó avanzar en la indagatoria y solicitó interrogar a Yolanda Cárdenas, la respuesta fue el silencio. La madre del político se negó a rendir declaración y su defensa presentó recursos legales argumentando que debido a su edad avanzada y a presuntos problemas de salud, no se encontraba en condiciones de enfrentar un proceso judicial. Desde entonces, esa línea de investigación ha permanecido detenida y hasta la fecha Yolanda Cárdenas no ha sido formalmente procesada. Alejandro Moreno, por su parte, ha salido públicamente en defensa de su madre.
en diversas declaraciones ha insistido en que se trata de una mujer honesta, ajena a cualquier irregularidad y que las propiedades en cuestión fueron adquiridas con ahorros familiares perfectamente documentados. Las acusaciones, ha sostenido, formarían parte de una campaña de persecución política en su contra. Sin embargo, al contrastar ese discurso con los registros oficiales, las escrituras notariales y los peritajes técnicos, emerge una versión distinta, una narrativa sustentada en documentos que revela inconsistencias difíciles de conciliar con la explicación pública ofrecida.
Este patrón no se limitó al caso de Yolanda Cárdenas. Las investigaciones indican que el mismo esquema se replicó en el entorno familiar más cercano de Alejandro Moreno. Gabriel Emigdio Moreno Cárdenas, hermano del político, también registró un crecimiento patrimonial acelerado durante los años en que su hermano ejerció el poder. Un incremento que llamó la atención de los investigadores por su rapidez y por la falta de correspondencia con su perfil público. A diferencia de Alejandro Moreno, Gabriel no desarrolló una carrera política relevante ni ocupó cargos de alto nivel dentro de la administración pública.
Su trayectoria se concentró en actividades del sector privado sin que existan antecedentes de negocios de gran escala o ingresos extraordinarios que expliquen una expansión patrimonial de tal magnitud en un periodo relativamente corto. Pese a ello, los registros oficiales lo señalan como propietario legal de al menos seis inmuebles en el estado de Campeche, la mayoría adquiridos entre 2012 y 2017, que coinciden directamente con la etapa de mayor influencia política de su hermano. Se trata de propiedades que por su número y localización reflejan una acumulación sostenida de activos inmobiliarios que no pasó desapercibida para las autoridades encargadas de la investigación.
Este crecimiento documentado en registros públicos y catastros reforzó la hipótesis de que el esquema de ocultamiento patrimonial no se concentró en un solo nombre, sino que se extendió de manera sistemática a distintos miembros del núcleo familiar, replicando un mismo patrón de adquisición y registro de bienes durante el periodo en que Alejandro Moreno consolidaba su poder político. Varias de estas propiedades fueron adquiridas a precios notablemente inferiores a su valor real de mercado. Una constante que se repite en distintos registros revisados por los investigadores.
En múltiples casos, los vendedores no fueron particulares ajenos a la esfera política, sino empresas que tiempo después resultarían beneficiadas con contratos millonarios otorgados por el propio gobierno estatal. Esta coincidencia reiterada en más de una operación reforzó la sospecha sobre la naturaleza real de dichas transacciones. Uno de los episodios más representativos ilustra con claridad el mecanismo. Gabriel Moreno Cárdenas adquirió un terreno por un monto de 800.000 pesos y meses más tarde el anuncio de una obra pública impulsada por el gobierno estatal provocó un incremento exponencial en la plusvalía de la zona.
La decisión gubernamental no solo transformó el entorno urbano, sino que elevó de manera inmediata el valor comercial del predio. 2 años después, el inmueble fue vendido por una cantidad cercana a los 5 millones de pesos, lo que se tradujo en una ganancia extraordinaria obtenida en un periodo relativamente corto. Para los investigadores, este tipo de operaciones difícilmente puede explicarse como una simple coincidencia del mercado. La recurrencia del esquema en distintas compraventas apunta a un patrón sostenido en el que el acceso anticipado a información estratégica sobre proyectos públicos habría jugado un papel determinante.
Este comportamiento observado de manera reiterada en otras transacciones alimenta la hipótesis de que dichas adquisiciones no respondieron a decisiones aisladas ni a intuiciones comerciales fortuitas, sino a un uso sistemático de información privilegiada que permitió maximizar beneficios patrimoniales en estrecha sincronía con decisiones tomadas desde el poder público. Juan José Salazar Ferrer, arquitecto de profesión y amigo cercano de Alejandro Moreno, desde hace más de dos décadas aparece como otro de los pilares fundamentales de esta estructura. Su relación con el entonces gobernador no se limitó a lo personal ni a lo estrictamente profesional.
Salazar Ferrer no solo fue el responsable del diseño de diversas construcciones dentro del complejo Lomas del Castillo, incluida la mansión valuada en 128 millones de pesos, sino que desempeñó un papel clave como intermediario en múltiples operaciones inmobiliarias vinculadas al entorno del poder. De acuerdo con los peritajes financieros, entre 2010 y 2018, Salazar Ferrer recibió transferencias bancarias que superan los 35 millones de pesos registradas bajo el concepto de honorarios profesionales. Aunque formalmente estos movimientos fueron justificados como pagos por servicios de arquitectura y consultoría, los montos resultan desproporcionados si se comparan con los estándares del mercado local y con el tipo de trabajos declarados.
Esta desproporción encendió alertas entre los investigadores, quienes comenzaron a analizar su rolador de servicios, sino como una pieza clave en la canalización de recursos. A ello se suma que su despacho de arquitectura fue beneficiado con contratos públicos que en conjunto superaron los 40 millones de pesos durante el gobierno estatal encabezado por Alejandro Moreno. La coincidencia temporal entre estos contratos, las transferencias bancarias y las operaciones inmobiliarias reforzó la hipótesis de que su participación iba más allá de lo técnico, integrándolo de manera directa al esquema de acumulación patrimonial.
Desde el interior del aparato gubernamental, otro nombre emerge con fuerza, Claudio Cetina Gómez, quien se desempeñó como jefe de la oficina del gobernador entre 2015 y 2019. Se trata de un cargo estratégico con amplio control sobre la agenda del mandatario, el acceso a su despacho y la coordinación interna de decisiones administrativas clave. De acuerdo con la investigación, Setina Gómez habría fungido como el operador administrativo del esquema, facilitando la logística necesaria para que las operaciones se concretaran sin contratiempos.
En ese rol tenía la capacidad de autorizar gastos, coordinar trámites, establecer contacto con notarios y facilitar el uso de empresas fantasma empleadas para simular compraventas inmobiliarias. Aunque su salario como funcionario público no justificaba grandes inversiones, figura como propietario de inmuebles, cuyo valor excede ampliamente sus ingresos declarados. Una discrepancia que se repite en los patrones observados en otros integrantes de la red. Para los investigadores, la combinación de funciones administrativas, control interno y vínculos directos con los demás actores convirtió a Cetina Gómez en una pieza clave para el funcionamiento del esquema.
No se trataba solo de un funcionario con acceso privilegiado, sino de un engranaje esencial que permitió que las operaciones se desarrollaran desde dentro del gobierno con una apariencia de normalidad institucional que dificultó su detección durante años. Testimonios recabados por periodistas señalan que Claudio Cetina Gómez no operaba de manera improvisada ni aislada, sino que coordinaba listas previamente definidas de personas de absoluta confianza que podían ser utilizadas como prestanombres. individuos dispuestos a figurar legalmente como propietarios, socios o representantes, aún cuando no ejercían control real sobre los bienes o las operaciones registradas a su nombre.
De acuerdo con estas versiones, Cetina Gómez también habría participado en la creación y utilización de empresas sin actividad económica verificable, sin empleados registrados y sin domicilios reales. Estructuras jurídicas diseñadas exclusivamente para sostener operaciones vinculadas a la red. Estas compañías carentes de vida comercial auténtica tenían un único propósito, permitir el movimiento de recursos sin dejar un rastro claro que condujera directamente a los beneficiarios finales. Su existencia facilitaba la simulación de compraventas, la dispersión de pagos y la fragmentación de responsabilidades, generando una apariencia de legalidad administrativa que dificultaba la detección inmediata de irregularidades.
Para los investigadores, este tipo de estructuras resultan fundamentales en esquemas de ocultamiento patrimonial, precisamente porque diluyen la trazabilidad del dinero. La auditoría practicada a la mansión valuada en 128 millones de pesos marcó un punto de quiebre en la narrativa pública que rodeaba el caso. El inmueble, convertido en símbolo visible del poder y el ascenso del entonces gobernador comenzó a ser analizado con mayor detalle por las autoridades. Fue entonces cuando se confirmó que el nombre de Alejandro Moreno no aparecía en el registro público de la propiedad.
La propietaria legal era su madre. Este hallazgo, lejos de tratarse de una irregularidad aislada o de un hecho fortuito, encajó de manera precisa con el patrón que la investigación ya había identificado. La ausencia del nombre del principal beneficiario en los registros oficiales no fue una excepción, sino la regla dentro de un esquema sistemático de ocultamiento patrimonial. De acuerdo con la fiscalía, este mecanismo permitió a la red acumular al menos 47 propiedades y concentrar operaciones financieras sospechosas que superan los 82 millones de pesos.
Cifras que al ser analizadas en conjunto refuerzan la hipótesis de una estructura diseñada no solo para adquirir bienes, sino para mantenerlos fuera del escrutinio directo de las autoridades durante años. Pese a la contundencia del material probatorio acumulado, escrituras con valores presuntamente manipulados, transferencias bancarias sin justificación clara y peritajes técnicos que documentan inconsistencias. El caso permanece estancado. La investigación no se ha traducido en procesos judiciales concluyentes ni en responsabilidades penales efectivas. En su lugar, el expediente ha quedado atrapado en un laberinto legal que avanza lentamente, marcado por aplazamientos, suspensiones y resoluciones pendientes.
De acuerdo con el curso que ha seguido el proceso, la red de implicados ha desplegado una estrategia de desgaste jurídico sostenida en la presentación constante de amparos, recursos de revisión y solicitudes de nulidad procesal. Cada movimiento legal ha tenido como efecto inmediato retrasar las diligencias, fragmentar las investigaciones y diluir el impulso inicial del caso. No se trata de una defensa aislada, sino de una respuesta coordinada que ha logrado mantener el expediente en pausa prolongada. Procesar a todos los implicados supondría abrir una auténtica caja de Pandora.
Implicaría revisar el papel de notarios que validaron escrituras con valores cuestionados, de funcionarios que autorizaron trámites y permisos sin observaciones, de instituciones financieras que procesaron transferencias sin activar alertas y de actores que por acción u omisión validaron o toleraron el funcionamiento del esquema. Un paso de esa magnitud no solo tendría consecuencias jurídicas, sino también políticas e institucionales de amplio alcance. El mensaje que deja este caso resulta inquietante. La corrupción no solo puede ser rentable, sino también heredable.
El parentesco se transforma en instrumento, la familia en prestanombre, la lealtad política en blindaje y el poder en garantía de impunidad. No se trata únicamente de un entramado financiero, sino de una lógica de protección que se reproduce dentro del círculo cercano al poder. Hasta diciembre de 2025, ninguno de los integrantes de esta red ha rendido cuentas ante la justicia. Las pruebas existen, los documentos están integrados en los expedientes y los peritajes han sido elaborados. Sin embargo, el sistema no ha logrado romper el cerco.
El contraste entre la solidez de la evidencia y la ausencia de consecuencias legales sigue siendo uno de los elementos más reveladores del caso y también uno de los más incómodos para las instituciones encargadas de impartir justicia. La historia de los Moreno Cárdenas no es únicamente la de un político señalado por presuntos actos de corrupción. es sobre todo la crónica de cómo una familia y un círculo íntimo lograron convertir el ejercicio del poder público en un mecanismo de acumulación privada, utilizando la cercanía, el parentesco y la lealtad como herramientas para proteger intereses económicos que crecieron al amparo de la política.
Es también el relato de un sistema en el que los operadores permanecen en libertad. Los nombres de confianza continúan resguardando fortuna y los engranajes que hicieron posible el esquema siguen sin rendir cuentas. Mientras esas piezas clave no enfrenten consecuencias legales, la justicia en Campeche seguirá apareciendo como una promesa incumplida, lejana y selectiva, incapaz de romper el blindaje que rodea a quienes han sabido moverse dentro de las estructuras del poder. Más allá de los expedientes y las cifras, el caso expone una dinámica profundamente arraigada, aquella en la que la corrupción se normaliza, se transmite y se protege dentro del ámbito familiar y político.
Un modelo que no solo permite la acumulación ilícita, sino que perpetúa la impunidad como regla y no como excepción. En ese contexto, la corrupción deja de ser un hecho aislado para convertirse en un negocio familiar que se reproduce en la sombra, sostenido por silencios, complicidades y una justicia que hasta ahora no ha logrado imponerse.
